Las medidas económicas del gobierno impactaron en los bolsillos de los argentinos. Así, los salarios formales registraron en febrero el cuarto mes seguido de retroceso frente a la inflación, lo que acumula una caída del 23,9% desde noviembre, y están muy cerca del mínimo histórico, registrado en el final de la convertibilidad y por debajo incluso de los registrados durante la crisis post 2001.

Según los datos de la Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (Ripte), los sueldos aumentaron un 11,5% en el segundo mes del año, frente a una inflacióndel 13,2%, tal como reflejó el Indec.

De esta manera, el salario promedio en febrero fue de $619.007,05, un valor que, al igual que en enero, se ubicó por debajo de la canasta familiar de pobreza. Así quedó reflejado con el dato del Indec, ya que un matrimonio con dos hijos menores necesitó $690.901,57 para cubrir sus necesidades básicas, sin considerar el alquiler.

 

El asunto es que los salarios de los trabajadores tuvieron una caída del 26% interanual en febrero, según los cálculos del economista Salvador Vitelli, quien aportó que con el retroceso del segundo mes del año se alcanzó la peor caída cuatrimestral en la historia del índice. En este sentido, superó el derrumbe de la convertibilidad en cuanto a un periodo de cuatro meses, que fue del 20%, y se acerca al mínimo mensual.

En 2023, el salario promedio terminó en $484.298,40, creciendo un 149,4% frente al valor que presentaba a finales de 2022 cuando alcanzaba los $194.175,11. La suba no fue suficiente para ganarle a la inflación que fue del 211,4% en los 12 meses del año pasado.

La diferencia representó una pérdida del poder adquisitivo del 20% para los diez millones de trabajadores formales del sector público y privado que contempla el Ripte.

El Ripte es la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores bajo relación de dependencia, y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.

El indicador es una de las variables que se toma en cuenta para el cálculo de la movilidad previsional junto a la evolución de la recaudación tributaria que va a la Seguridad Social, descontando el incremento del padrón de beneficiarios.